Penal económico: defensa técnica de empresarios y administradores

Lo antes posible. La intervención del penalista en la fase de instrucción —cuando la AEAT remite el expediente a la fiscalía, cuando se recibe una citación como investigado o cuando se produce un registro— condiciona el resto del procedimiento. Esperar al juicio oral suele significar partir con desventaja: las declaraciones, periciales y documentación que se aportan o se omiten durante la instrucción son las que se valoran después.

Formalmente no es obligatorio para todas las empresas, pero desde la reforma del Código Penal de 2010 y la reforma de 2015, las personas jurídicas responden penalmente de los delitos cometidos por sus administradores y empleados. Disponer de un programa de compliance penal eficaz —no meramente formal— es la única vía para eximir o atenuar esa responsabilidad. La STS 154/2016 marcó los criterios para que el programa sea considerado válido.

Sí. Cuando la cuota defraudada supera 120.000 euros por concepto y ejercicio (art. 305 CP), la AEAT está obligada a remitir el expediente al Ministerio Fiscal. A partir de ahí, el procedimiento administrativo se suspende y se abre la vía penal. La defensa requiere coordinar el conocimiento fiscal del expediente con la estrategia penalista, algo que muchas firmas no pueden ofrecer in-house.

Son dos planos distintos. El concurso culpable (arts. 442-455 TRLC) es una calificación dentro del procedimiento concursal: implica responsabilidad civil para administradores y socios, inhabilitación y pérdida de derechos como acreedor. La insolvencia punible (art. 259 CP) es un delito autónomo: requiere conductas tipificadas —alzamiento de bienes, ocultación de activos, contabilidad falsa— y conlleva pena de prisión. Un mismo hecho puede generar ambas consecuencias en paralelo.

No declarar sin abogado y no acudir solo. La declaración del investigado es uno de los momentos más delicados del procedimiento: lo que se dice queda incorporado a la causa y condicionará la estrategia de defensa. Antes de la comparecencia, el penalista debe analizar el atestado, las diligencias previas y todo el material disponible para preparar una declaración técnica o, en su caso, ejercer el derecho a no declarar.

Sí. El plazo de prescripción del delito fiscal es de cinco años (diez años en los supuestos agravados del art. 305 bis CP). El cómputo se inicia desde el momento en que se consuma el delito, no desde el ejercicio defraudado. La interrupción de la prescripción exige actuaciones procesales concretas: la mera apertura de diligencias informativas no siempre interrumpe el plazo. Es uno de los aspectos técnicos más relevantes en la defensa.