Derecho administrativo: tu defensa frente a la Administración

Es el procedimiento judicial que permite a particulares y empresas impugnar ante los tribunales una actuación de la Administración — una resolución, una sanción, una denegación — cuando se considera que no se ajusta a Derecho. Se interpone ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo o ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia, según la Administración que haya dictado el acto.

Depende de la vía. El recurso de alzada debe interponerse en el plazo de un mes si el acto es expreso, o de tres meses si hay silencio administrativo. El recurso contencioso-administrativo ante los tribunales tiene un plazo general de dos meses desde la notificación del acto, o de seis meses en caso de silencio. Los plazos son estrictos e improrrogables: si se pasan, se pierde el derecho a recurrir.

Es la falta de respuesta de la Administración dentro del plazo legalmente establecido para resolver. Según el procedimiento, el silencio puede ser positivo (se entiende estimada la solicitud) o negativo (se entiende desestimada). En la práctica, el silencio negativo permite al interesado acudir a la vía contencioso-administrativa sin esperar indefinidamente.

Sí. La responsabilidad patrimonial del Estado permite reclamar una indemnización cuando la Administración causa un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. La reclamación se dirige primero a la propia Administración y, si no prospera, se acude a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Lo primero es no pagarla sin antes valorar si el procedimiento y la calificación son correctos. El pago voluntario con reducción puede convenir en sanciones de tráfico menores, pero en sanciones de mayor cuantía o con consecuencias colaterales (inhabilitación, cierre) conviene formular alegaciones en plazo, recurrir en alzada si procede y, si se agota la vía administrativa, acudir al contencioso.

Las Administraciones adjudican sus contratos mediante procedimientos reglados (abierto, restringido, negociado, diálogo competitivo) regulados por la Ley de Contratos del Sector Público. Las empresas interesadas deben preparar su solvencia, presentar ofertas técnicas y económicas dentro de plazo y, si la adjudicación no es conforme a los criterios publicados, pueden interponer recurso especial en materia de contratación ante el tribunal administrativo correspondiente.